MANUAL DE BUENAS PRACTICAS ECONÓMICAS

DIÓCESIS DE ALMERÍA

BUENAS PRÁCTICAS

Diócesis de Almería

ACTOS DE ADMINISTRACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN LA DIÓCESIS DE ALMERÍA

ACTOS DE ADMINISTRACIÓN ORDINARIA

Artículo 1. Concepto de administración ordinaria.

Se consideran actos de administración ordinaria los que se realizan cada año o, al menos, frecuentemente y son necesarios para la normal gestión y administración de los bienes, sin exceder la potestad normal del administrador de la persona jurídica, quien deberá cumplir su función con la diligencia de un buen padre de familia (cf. c. 1284 §1).

Artículo 2. Actos de administración ordinaria.

Sin que la presente relación quede cerrada, se consideran actos de administración ordinaria:

  1. Los incluidos expresamente en el presupuesto anual, una vez aprobado en la debida forma (cf. art. 16.2 Segundo Decreto General sobre las normas complementarias al nuevo Código de Derecho Canónico, XLI Asamblea Plenaria de la CEE).
  2. Vigilar con diligencia que los bienes no se pierdan en modo alguno ni sufran daño, suscribiendo a tal fin contratos de seguro (cf. cc. 1284 §2, 1º)
  3. Cuidar de que la propiedad de los bienes eclesiásticos se asegure por los modos civilmente válidos (cf. c. 1284 §2, 2º); para ello, deberá efectuarse la inscripción de los bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad.
  4. Observar las disposiciones canónicas, civiles, administrativas, fiscales y laborales en cualesquiera materias, así como lo dispuesto por el fundador o donante, y vigilar para que de su inobservancia no se derive daño o perjuicio para la Iglesia (cf. c. 1284 §2, 3º).
  5. Cobrar diligentemente y oportunamente las rentas y productos de los bienes, conservar los ya cobrados, pagar el interés debido por préstamos o hipotecas y cuidar de que el capital prestado se devuelva en su plazo (cf. c.1284 §2, 7º, 8º y 9º).
  6. Las obras de mero mantenimiento y conservación y las reparaciones ordinarias que deban ejecutarse en cualesquiera bienes muebles o inmuebles con ocasión del uso natural y ordinario de los mismos.
  7. Cualesquiera otros que no excedan de la normal gestión y administración de los bienes de la persona jurídica, atendidos sus propios estatutos normativa aplicable.

    Artículo 3. Requisitos para la validez de los actos de administración ordinaria.

    Los actos de administración ordinaria no necesitarán autorización del Ordinario del lugar; solo deberán cumplir los establecidos por los estatutos o nomas aplicables a la persona jurídica que los realice.

    ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA

    Artículo 4. Concepto de administración extraordinaria.

    Tendrán la consideración de actos de administración extraordinaria los que sobrepasen el límite o modo de la administración ordinaria, especialmente los siguientes:

    1. Los que tengan la consideración de actos de mayor importancia (cf. c. 1277).
    2. Los que modifiquen sustancialmente o supongan un riesgo notable para la estructura o situación patrimonial de la entidad eclesiástica (cf. c. 1295).
    3. Los expresamente declarados como actos de administración extraordinaria con carácter general o para determinadas entidades, por las presentes normas o el propio derecho aplicable a las entidades eclesiásticas (cf. art. 15.1. Segundo Decreto General sobre las normas complementarias al nuevo Código de Derecho Canónico, XLI Asamblea Plenaria de la CEE).
    4. La enajenación de cualesquiera bienes inmuebles.
    5. La enajenación de bienes muebles que formen parte del patrimonio histórico, de exvotos donados a la Iglesia, y de bienes preciosos, por razones artísticas o históricas.

      Artículo 5. Actos considerados de administración extraordinaria.

      Sin que la presente relación quede cerrada, se consideran actos concretos de administración extraordinaria que necesitarán licencia por escrito del Ordinario diocesano, entre otros, los siguientes:

      1. La inversión de dinero y los cambios en las inversiones hechas, siempre que supongan alteración notable en la naturaleza de los bienes que se invierten o riesgo grave para la inversión, cuando su valor exceda los 60.000,00€ (cf. art. 16.1.3 Segundo Decreto General sobre las normas complementarias al nuevo Código de Derecho Canónico, XLI Asamblea Plenaria de la CEE).
      2. La ejecución de cualesquiera obras en inmuebles que formen parte del patrimonio histórico.
      3. La ejecución en inmuebles de obras de construcción, rehabilitación o restauración cuyo presupuesto supere los 6.000,00€.
      4. La restauración de bienes muebles que formen parte del patrimonio histórico o de bienes preciosos, por razones artísticas o históricas.
      5. La aceptación de cualesquiera herencias, legados o donaciones sometidos a condición, término, modo o cualquier otra limitación del dominio y la libre disposición de bienes.
      6. La aceptación de herencias o legados no sujetos a limitación alguna, si su valor excede los 6.000,00€, y la renuncia a cualquier derecho, cualquiera que sea su valor.
      7. La no aceptación de herencias o donaciones y la repudiación de legados.
      8. La formalización de cualquier negocio jurídico o contrato que conlleve la limitación del derecho de libre disposición de los bienes o cualquier facultad de dominio sobre los mismos
      9. La formalización operaciones de crédito, préstamo, aval o garantía de carácter personal, ya sea en calidad de prestatario o prestamista.
      10. La constitución de hipotecas, gravámenes o cualquier otro derecho real sobre inmuebles.
      11. Cualquiera operación que suponga la constitución o participación en la propiedad en una sociedad, mercantil o civil, o en cualquier otro tipo de persona jurídica.
      12. Cualquier otra operación de la que pueda resultar perjudicada la situación patrimonial de la persona jurídica.

        Artículo 6. De la adquisición, enajenación de bienes y actos asimilados.

        Se requerirá licencia por escrito del Ordinario del lugar para los siguientes actos:

        1. La adquisición de bienes inmuebles, cualquiera que sea su importe.
        2. La adquisición de bienes muebles cuyo valor supere el 20% del presupuesto de gastos ordinarios de la entidad y, en todo caso, si su valor supera los 6.000,00€.
        3. La enajenación de cualquier bien inmueble, forme o no parte del patrimonio estable de la entidad.
        4. La enajenación de bienes muebles que formen parte del patrimonio histórico o de bienes preciosos, por razones artísticas o históricas.
        5. El arrendamiento o cesión a terceros de derechos sobre cuales quiera bienes muebles o inmuebles.

        Artículo 7. Requisitos para la validez de los actos de administración extraordinaria.

        Para todos los actos comprendidos en los artículos 5 y 6 se requerirá la licencia por escrito del Ordinario diocesano, una vez cumplidos estos requisitos previos:

        1. Para los actos cuyo valor no exceda de 150.000,00€ se necesitará la aprobación del Obispo diocesano, oído el parecer del Consejo diocesano para Asuntos Económicos (cf. c. 1277).
        2. Para los actos cuyo importe se sitúa entre la cantidad mínima y máxima establecida por la conferencia Episcopal Española (150.000€ y 1.500.000,00€) se requerirá la aprobación del Obispo diocesano previo el consentimiento del Consejo Diocesano de Economía y el Colegio de Consultores (cf. c. 1292 §1).
        3. Para los actos cuyo valor exceda del máximo fijado por la Conferencia Episcopal Española (1.500.000,00€), de exvotos donados a la Iglesia, o de bienes preciosos, por razones artísticas o históricas, se requiere además, para su validez, la licencia otorgada por la Santa Sede.

        PROTOCOLO ADMINISTRATIVO DIOCESANO PARA LA INTERVENCIÓN EN BIENES INMUEBLES

        PRESENTACIÓN

        Este documento tiene como finalidad servir de norma y ayudar a los responsables de los inmuebles diocesanos en procesos de intervención en los mimos: construcción, restauración, reparación, ampliación, mejora o modificación. El objetivo es triple:

        1. Servir de ayuda: que el párroco o responsable de la administración del inmueble pueda saber en todo momento como proceder para salvaguardar el valor patrimonial más allá de la necesaria intervención que se haya de realizar.
        2.  Asesoramiento en la gestión económica: para optimizar los recursos y evitar gastos innecesarios o imprevistos por falta de una buena planificación y seguimiento del proceso de intervención.
        3. Asesoramiento técnico: al servicio del responsable de la administración del inmueble en aquellos aspectos más específicos del proceso técnico de la intervención.

        El cuidado del patrimonio es tarea de toda la comunidad. Conscientes de ello, este protocolo incluye elementos para canalizar la corresponsabilidad y la visión de proyecto compartido, destacando la participación de los Consejos Parroquiales en el proceso de toma de decisiones, así como la de la Comisión Diocesana de Intervención en el Patrimonio Inmueble que es garante y auxiliar para que todo el proceso tenga las mejores garantías y la mejor ayuda en las gestiones que recaen sobre los párrocos, principalmente.

        ¿A qué intervenciones nos referimos en este documento? A toda intervención, también podemos llamar obra, que se realice sobre cualquier inmueble de la diócesis bien sea para nueva construcción, reparación, restauración, conservación, ampliación, mantenimiento o modificación de algún tipo.

        Así pues, después de realizar las oportunas consultas a los técnicos y con la aprobación del Obispo Diocesano, establecemos una serie de procedimientos y buenas prácticas en este campo de las obras que absorbe gran parte de tiempo, esfuerzos y recursos.

        CONCEPTOS

        Existen dos tipos de obras:

        1. Obra menor: las que no afectan a elementos estructurales, es decir, cimentación, pilares, muros, vigas o forjados. No requieren proyecto redactado por arquitecto para solicitar la licencia de obras. Basta con una memoria valorada de arquitecto o aparejador.
        2. Obra mayor: las que afectan a elementos estructurales: cimentación, pilares, muros, vigas o forjados, y que necesitan, obligatoriamente, para solicitar la licencia de obras, proyecto redactado por arquitecto.

        Distinguiremos cuatro tipos de intervenciones:

        1. Intervenciones ordinarias de conservación y mantenimiento: se trata de obras de mantenimiento o reparación, consistentes en el arreglo o reposición de algún elemento del edificio que no requiera andamios, ni otros medios externos de seguridad. Su presupuesto será menor de 6.000 euros.
        2. Intervenciones menores: obras de construcción, reposición, restauración o rehabilitación que requiera andamios u otros medios de seguridad que obligue la designación de coordinador de seguridad y la elaboración de un plan de seguridad y cuyo presupuesto supere los 6.000 euros o el 20% del presupuesto de ingresos de la parroquia.
        3. Intervenciones mayores: obras de construcción o de nueva planta, reposición, restauración o rehabilitación que requiera proyecto y cuyo presupuesto supere los 20.000 euros o el 30% de los ingresos de la parroquia.
        4. Grandes proyectos: obras de construcción o de nueva planta, restauración o rehabilitación que requiera proyecto cuyo presupuesto supere los 50.000 euros.

        Bienes BIC (Bien de Interés Cultural)

        Si la intervención que se va a realizar es sobre un bien inmueble catalogado como BIC, o el inmueble está en las inmediaciones de otro inmueble con este tipo de protección, se ha de realizar consulta previa, antes que cualquier otra gestión encaminada a la intervención (anuncio a la comunidad, petición de presupuestos, elaboración de proyectos, gestiones ante la administración…), a la Delegación Episcopal de Patrimonio; puesto que se trata de inmuebles con especial protección y requieren de una serie de comunicaciones a y permisos de los organismos competentes de la Junta de Andalucía y la Delegación Episcopal de Patrimonio. Todo esto es crucial tenerlo en cuenta puesto que, en caso de irregularidad o intervención no autorizada, por pequeña que sea o insignificante que pudiera parecer, nos podría acarrear cuantiosas sanciones administrativas.

        Para cualquier duda, se debe de consultar a la delegación episcopal de patrimonio, o en la página web:

        https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoculturaydeporte/areas/cultura/bienes-culturales/catalogo-pha/consulta.html

        PROCEDIMIENTO

        Financiación

        La conservación, el mantenimiento del patrimonio inmueble, así como la construcción de nuevos edificios requieren de muchos recursos; pero especialmente de recursos económicos. Antes de iniciar cualquier proyecto, es inexcusable garantizar que se cuenta con la suficiente financiación para culminarlo, impidiendo así que se genere una deuda económica que en muchas ocasiones es inabarcable por parte de las parroquias o del propio Obispado. Es por esto por lo que se establecen los siguientes criterios para la aprobación y ejecución de cualquier proyecto:

        1. Si el proyecto se plantea en una sola y única fase de ejecución, se ha de garantizar que se dispone de modo efectivo de, al menos, el 90% del presupuesto total final.
        2. Si el proyecto se plantea en varias fases, se ha de garantizar que se dispone de modo efectivo, en el momento de inicio de la intervención, del 100% del presupuesto de la primera fase.
        3. Se ha de adjuntar a la solicitud ante el Obispado de aprobación y autorización de la intervención, un detallado informe que explique las fuentes de financiación del proyecto; es importante tener en cuenta que el informe ha de ser lo más realista posible, teniendo en cuenta las capacidades de la parroquia.

        Intervenciones ordinarias de conservación y mantenimiento:

        La institución del obispado o parroquia que vaya a realizar una intervención de mantenimiento ha de pedir, al menos, dos presupuestos a dos empresas distintas. Dichos presupuestos han de ser presentados ante el Consejo Parroquial de Economía para la aprobación de uno de ellos o para la solicitud de alguno más en el caso de las parroquias. En el caso de un inmueble no parroquial pero dependiente directamente del obispado, los presupuestos han de ser dirigidos al Vicario general que dará su aprobación, una vez consultado al Ecónomo, a alguno de los presupuestos, si procede. Una vez aprobado el presupuesto elegido, se formalizará contrato de ejecución de obras con precio cerrado y plazo de ejecución.

        Intervenciones menores:

        1.  El responsable del inmueble o el párroco se pondrá en contacto con el Vicario General para comunicar por escrito la intención de acometer obras, explicando brevemente en qué consistirá la intervención y justificando la misma; en dicho escrito se ha de comunicar si la propuesta inicial cuenta con el conocimiento y visto bueno del Consejo Parroquial de Economía. El Vicario General consultará a la Comisión de Intervención en el Patrimonio Inmueble (en adelante Comisión) para que emita informe favorable, si procede, a la propuesta.
        2. Emitido informe positivo, el Vicario general comunicará al responsable del inmueble o párroco que puede proceder con el proyecto y pedir los preceptivos presupuestos.
        3. Se han de pedir, al menos, tres presupuestos a tres empresas distintas que cuenten con la homologación de la Comisión; en caso de no contar con dicha homologación se ha de solicitar a la Comisión por medio de escrito al Vicario general.
        4. Los presupuestos, en el caso de que sea una intervención promovida por una parroquia, han de ser valorados por el Consejo Parroquial de Economía que dará aprobación a uno de ellos o solicitará un presupuesto más. En el caso de otro inmueble no parroquial de la Diócesis, la Comisión valorará y aprobará presupuesto o solicitará alguno más.
        5. Una vez elegido presupuesto por el Consejo Parroquial de Economía, se procederá a la formalización del contrato de obra que debe incluir, al menos, precio cerrado y plazo de ejecución.
        6. Se debe remitir al Obispado toda la documentación: acta del Consejo Parroquial de Economía en el que se aprueba el presupuesto, plan de seguridad, designación de coordinador de seguridad, proyecto y contrato.

        Intervenciones mayores: 

        •  Previamente a cualquier tipo de gestión (petición de presupuesto, consulta a empresas, realización de proyecto, realización de colectas, …) el párroco o responsable del inmueble, se pondrá en contacto con el Vicario general para comunicar por escrito la intención de acometer obras, explicando en qué consistirá la intervención y justificando la misma; en dicho escrito se ha de comunicar si la propuesta inicial cuenta con el conocimiento y visto bueno del Consejo Parroquial de Economía. El Vicario General trasladará la consultará a la Comisión para que emita informe favorable, si procede, a la propuesta inicial. Para ello, los miembros de la Comisión, podrán solicitar más documentación o personarse en la el bien inmueble para hacer las comprobaciones que consideren oportunas.
        • Emitido informe positivo de la Comisión, si procede, la Comisión comunicará al responsable de la institución o al párroco que puede proceder con el proceso de realización del proyecto para la petición de presupuestos.
        • Se han de pedir, al menos, tres presupuestos a tres empresas distintas que cuenten con la homologación de la Comisión. En el caso de que alguna empresa candidata no contara con dicha homologación, ha de dirigirse al Obispado para que la Comisión proceda a homologarla, si procede.
        • Los presupuestos han de ser valorados por el Consejo Parroquial de Economía y el Consejo Pastoral Parroquial que darán aprobación a uno de ellos o solicitarán un presupuesto más; en el caso de que sea una intervención promovida por una parroquia. En el caso de otro inmueble no parroquial que pertenezca al Obispado, la Comisión valorará y aprobará presupuesto, o solicitará alguno más.
        • Una vez elegido y aprobado presupuesto, se remitirá toda la documentación a la Comisión que valorará la propuesta y podrá hacer las modificaciones que considere oportunas en orden a su mejora, así como solicitar más documentación, visitar el bien inmueble sobre el que se solicita la intervención, o incluso pedir un nuevo presupuesto. Finalizada esta valoración, emitirá informe positivo, si procede, para la firma del contrato.
        • Con el informe positivo de la Comisión, se procederá a la firma del contrato de ejecución de obras; contrato que ha de incluir:
            • Precio cerrado.
            • Desglose económico de las partidas detalladas con precio descompuesto.
            • Plazo de ejecución de la obra.
            • Cronograma de la ejecución de la obra.
            • Designación de Direccion facultativa y Coordinador de seguridad y salud.

        Grandes proyectos:

        1. El párroco o responsable del inmueble se pondrá en contacto con Vicario general para comunicar por escrito la intención de acometer obras, explicando de modo detallado en qué consistirá la intervención y justificando la misma; en dicho escrito se ha de comunicar si la propuesta inicial, y previa a cualquier gestión con técnicos o empresas, cuenta con el conocimiento y visto bueno del Consejo Parroquial de Economía y el Consejo Pastoral Parroquial, en el caso de las parroquias; en el caso de otro inmueble del Obispado, es la Comisión la que realiza la completa gestión. El Vicario General trasladará la consulta a la Comisión para que emita informe favorable, si procede, a la propuesta inicial. Para ello la Comisión podrá pedir más documentación o realizar visita para estudiar la propuesta “in situ”.
        2. Emitido informe de la Comisión, si el presupuesto supera los 150.00 euros, este será presentado ante el Consejo Diocesano de Economía que aprobará, si procede, el inicio de los trámites para la realización de proyecto de obras y petición de presupuestos.
        3. La Comisión Diocesana para la intervención en el Patrimonio Inmueble supervisará, en coordinación con el párroco, todo el proceso, que será el siguiente:
            • La comisión realizará una invitación a un número de empresas, nunca menos de tres, para que presenten presupuestos. Además, será publicada en el portal de transparencia de la Diócesis.
            • Las empresas candidatas han de estar homologadas conforme a los parámetros legales civiles y a los criterios establecidos por la Comisión.
            • La oferta que presenta la Comisión se hará por medio de un documento que incluirá:
              1. El proyecto a ejecutar.
              2. Plazo para la presentación de la oferta.
              3. Plazo de ejecución de la obra.
              4. Las distintas partidas objeto de contrato, con características específicas que han de ser respetadas tal cual se exigen por la oferta presentada.
              5. Un modelo de contrato.
            • Las empresas candidatas han de presentar su oferta en el plazo establecido y en sobre cerrado al Ecónomo diocesano. La oferta debe incluir:
                1. La oferta económica total resultante de la ejecución de la obra.
                2. El desglose de las partidas económicas detalladas.
                3. El cronograma de la ejecución de la obra dentro de los plazos de ejecución establecidos en la invitación.
                4. Certificados de estar al corriente de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.
                5. Designación de Direccion facultativa y Coordinador de seguridad y salud.
            • Una vez cumplido el plazo de presentación de ofertas, la Comisión de obras procederá a la apertura de las ofertas presentadas.
                1. Tras la apertura, se efectuará un análisis comparativo de las ofertas presentadas, estableciendo la revisión técnica y económica que resulte de las distintas partidas incluidas en la oferta.
                2. La Comisión de obras valorará las ofertas revisadas y adjudicará la obra a la empresa que haya presentado la oferta más adecuada.
            • Una vez adjudicada la obra, el Ecónomo Diocesano procederá a la elaboración del contrato para la posterior formalización del mismo.
        SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO

        Intervenciones menores: la Comisión realizará una labor de asesoramiento y acompañamiento en el proceso a aquellos responsables de los edificios o a los párrocos y parroquias que soliciten ayuda en el proceso de las obras.

        Intervenciones mayores: La Comisión, en colaboración y comunicación permanente con el párroco o responsable del bien inmueble, realizará desde el primer momento un seguimiento de todo el proceso de la obra, pudiendo, si así fuera necesario, intervenir para mejorar o corregir algún aspecto de la intervención. Su decisión será vinculante.

        Grandes proyectos: La Comisión, en colaboración y comunicación permanente con el párroco o responsable del bien inmueble, supervisará toda la intervención pudiendo dar en todo momento las indicaciones oportunas en la ejecución de obra; dichas indicaciones serán vinculantes.

        TIPO DE INTERVENCIÓN SEGÚN CUANTÍA
        Tipo de intervención según cuantía PROCEDIMIENTO Comisión Diocesana Intervención Patrimonio
        Mantenimiento
        (0-6000)
        1.- Pedir dos presupuestos

         

         

         

        2.- El Consejo Parroquial Economía tiene que dar su aprobación
        3.- Se ha de hacer contrato que indique precio cerrado y plazo de ejecución
        Obras menores
        (6.000-20.000 euros)
        1.- Consulta previa al Obispado sobre la intervención que se pretende realizar; por medio de escrito del párroco y con aval del Consejo Parroquial de Economía  Asesora a petición del párroco o responsable
        2.- Informe favorable de la Comisión
        3.- Petición de 3 presupuestos
        4.- Consejo Parroquial Economía: Aprobación de presupuesto
        5.- Contrato: precio cerrado y plazo de ejecución.
        6.- Se envía documentación al Obispado.
        Obras mayores
        (20.000-50.000 euros)
        1.- Consulta previa al Obispado-Comisión: por escrito del párroco con aval del Consejo Parroquial de Economía Hace seguimiento de todo el proceso y puede intervenir. Es vinculante
        2.- Informe de la Comisión
        3.- Petición de 3 presupuestos
        4.- Consejo Parroquial Economía y Consejo Pastoral Parroquial: Aprobación de presupuesto
        5.- Comisión supervisa la propuesta y documentación: informe positivo.
        6.- Contrato: precio, partidas, plazo ejecución y cronograma.
        Obras extraordinarias
        (+ 50.000 euros)

        Consulta previa al Obispado

        • Acta Consejo Parroquial Economía
        • Acta Consejo Pastoral parroquial

         

        Guía y supervisa, en colaboración con el párroco, todo el proceso desde el primer momento.

        Traslado de la solicitud a la Comisión para valoración
        + 150.000 consulta y aprobación CDE
        Comisión: proceso de guía y ejecución completa.
        Proceso de licitación (ver págs. 3-4)

        CRITERIOS Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN EL OBISPADO DE ALMERÍA

        EN EL OBISPADO DE ALMERÍA

        1.- OBJETO

        Estos criterios y medidas tienen por finalidad prevenir situaciones en las que el Obispado de Almería pueda ser utilizado para blanquear dinero o financiar actividades u organizaciones terroristas o cualquier otra actividad delictiva. Para ello, se proponen una serie de procedimientos para evitar futuros riesgos para su reputación por haberse visto involucrados en una trama de BC&FT (Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo).

        2.- PROCEDIMIENTOS A LLEVAR A CABO

        2.1.- INGRESOS

        DONACIONES:

        1. Identificar a todas las personas que realicen alguna aportación a título gratuito por importe igual o superior a los 100€, solicitando el nombre, apellidos y el número de identificación fiscal y llevando un registro de los mismos en un documento Excel, Word, Access o cualquier otro que estime oportuno. Asimismo, en la medida de lo posible, solicitar la siguiente documentación identificativa:
          • Para las personas físicas de nacionalidad española, DNI (Documento nacional de identidad) o el Pasaporte.
          • Para las personas físicas de nacionalidad extranjera, la Tarjeta de Residencia, la Tarjeta de Identidad de Extranjero, el Pasaporte, o en el caso de ciudadanos de la Unión Europea el documento, carta o tarjeta oficial de identidad personal expedido por las autoridades de origen.
          • En el caso de las personas jurídicas, fotocopia del NIF y en todo caso, si es posible, las escrituras de constitución y escrituras de apoderamiento, o en su defecto el certificado de inscripción en el Registro Mercantil.
        1. No es conveniente aceptar donaciones en efectivo que superen los 1.000€. Igualmente, se recomienda que siempre sean dos personas las que recojan los importes en efectivo, asimismo y de forma general, se recomienda que todas las operaciones financieras se realicen a través de una entidad bancaria.
        1. En ningún caso realizar devoluciones mediante transferencia bancaria de donaciones que hayan sido realizadas mediante entregas de efectivo.
        1. Realizar una pequeña investigación a través de los medios a nuestro alcance de todas aquellas personas que realicen donaciones superiores a los 15.000€, tanto de las realizadas al propio Obispado como las realizadas a las parroquias (que tendrán la obligación de comunicárselas al Obispado), para verificar que no se encuentran en ninguna causa abierta de blanqueo de capitales, corrupción, financiación del terrorismo o cualquier otra actividad delictiva. Asimismo, guardar evidencia en formato físico o electrónico de dicha investigación.
        1. Conservar el justificante del medio de pago empleado para todas las donaciones recibidas.

        SUSCRIPCIONES:

        1. Para aquellas suscripciones realizadas a título gratuito que sean iguales o superiores a los 100€, identificar al suscriptor con su nombre, apellidos y número de identificación fiscal, llevando un registro de los mismos en un documento Excel, Word, Access o cualquier otro que a cada parroquia le resulte más fácil de elaborar. Asimismo, en la medida de lo posible, solicitar la siguiente documentación identificativa:
          • Para las personas físicas de nacionalidad española, DNI (Documento nacional de identidad) o el Pasaporte.
          • Para las personas físicas de nacionalidad extranjera, la Tarjeta de Residencia, la Tarjeta de Identidad de Extranjero, el Pasaporte, o en el caso de ciudadanos de la Unión Europea el documento, carta o tarjeta oficial de identidad personal expedido por las autoridades de origen.
          • En el caso de las personas jurídicas, fotocopia del NIF y en todo caso, si es posible, las escrituras de constitución y escrituras de apoderamiento, o en su defecto el certificado de inscripción en el Registro Mercantil.
        2. Realizar una pequeña investigación a través de los medios a nuestro alcance de aquellos suscriptores que durante el año natural hayan superado los 15.000€ para comprobar y verificar que no se encuentran en ninguna causa abierta de blanqueo de capitales, corrupción, financiación del terrorismo o cualquier otra actividad delictiva.
        1. Conservar el justificante del medio de pago empleado en las suscripciones que no se realizan a través de recibos domiciliados.

        HERENCIAS Y LEGADOS

        1. Para todas las herencias y legados en las que el Obispado haya sido incluido en el testamento, se debe solicitar copia del acta notarial de la herencia o entrega del legado y la identidad del fallecido (Nombre, apellidos y número de identificación fiscal).
        2. Con carácter previo a recibir los fondos o propiedades que le corresponden del testamento, realizar una pequeña investigación a través de los medios a nuestro alcance de la persona fallecida para verificar que no se encuentra en ninguna causa abierta de blanqueo de capitales, corrupción, financiación del terrorismo o cualquier otra actividad delictiva.

          VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES

          1. No aceptar entregas de dinero en efectivo como medio de pago en las ventas de inmuebles. Solamente aceptar cheques nominativos o transferencias bancarias.
          2. Conservar el acta notarial de la compraventa, en el caso de los bienes inmuebles, así como el nombre, apellidos y número de identificación fiscal de la contraparte compradora, en el resto de casos.
          3. Conservar el justificante del medio de pago empleado.
          4. Conocer la profesión o actividad de la contraparte con carácter previo a llevar a cabo la venta del inmueble, para analizar la licitud de los fondos y la coherencia de que la contraparte compradora pueda disponer de dichos fondos.
          5. Controlar las ventas que realizan las parroquias de su patrimonio estable.

            2.2. GASTOS

            En aquellas entregas de dinero que se realicen en concepto de caridad cristiana de forma directa desde el Obispado, sin que intervenga la Santa Sede de Roma, se debe analizar la honorabilidad de la contraparte que recibe los fondos. Para ello, se le debe solicitar la siguiente documentación:

            • Documentación registral que acredite la existencia de la entidad beneficiaria.
            • Nombre y apellidos de los miembros del órgano de control de la entidad beneficiaria.
            • Identidad del “titular real” (ver definición en el Anexo) de la entidad beneficiaria.
            • Plan de actividades que va a llevar a cabo y para la que se están solicitando los fondos.
            • Pruebas físicas de que se están llevando a cabo las actividades para las que se ha realizado la aportación dineraria, pudiendo ser fotos de la evolución del proyecto, cuentas de los gastos soportados o cualquier otro documento que acredite que realmente se están llevando a cabo los fines indicados.

            Adicionalmente, el Obispado debe realizar una pequeña investigación a través de los medios que tenga a su alcance para ver la reputación que tiene la entidad beneficiaria para verificar que no se encuentran en ninguna causa abierta de blanqueo de capitales, corrupción, financiación del terrorismo o cualquier otra actividad delictiva.

            Si existen dudas sobre la honorabilidad de la entidad beneficiaria el Obispado deberá abstenerse de llevar a cabo acuerdos de colaboración con dicha institución.

            Preferiblemente no realizar las transferencias de fondos de manera directa a los países de destino donde se van a llevar a cabo los proyectos u obras de caridad. Preferiblemente realizar las transferencias a cuentas domiciliadas en el territorio español. Mediante esta forma se trata de tener un mayor control sobre el beneficiario de los fondos.

            Antes de comenzar un proyecto de colaboración las parroquias de la Diócesis deberán enviar los datos esenciales de las entidades beneficiarias con las que van a colaborar, así como el informe obtenido en la investigación de las mismas. El Obispado     deberá analizar la honorabilidad de estas entidades.

            2.3. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

            Todos los documentos recabados en los procedimientos llevados a cabo deben ser conservados durante un periodo de diez años.

            ANEXO: DEFINICIÓN DE TITULAR REAL

            1. La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones.
            2. La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que a través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica.

            El sujeto obligado deberá documentar las acciones que ha realizado a fin de determinar la persona física que, en último término, posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jurídica y, en su caso, los resultados infructuosos de las mismas.

            Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jurídica, se considerará que ejerce dicho control el administrador o administradores. Cuando el administrador designado fuera una persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por la persona física nombrada por el administrador persona jurídica.

            Las presunciones a las que se refiere el párrafo anterior se aplicarán salvo prueba en contrario.

            1. La persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25 por ciento o más de los bienes de un instrumento o persona jurídicos que administre o distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la persona o instrumento jurídicos. Cuando no exista una persona física que posea o controle directa o indirectamente el 25 por ciento o más de los bienes mencionados en el apartado anterior, tendrán consideración de titular real la persona o personas físicas en última instancia responsables de la dirección y gestión del instrumento o persona jurídicos, incluso a través de una cadena de control o propiedad.
            2. Tendrán la consideración de titulares reales las personas naturales que posean o controlen un 25 por ciento o más de los derechos de voto del Patronato, en el caso de una fundación, o del órgano de representación, en el de una asociación, teniendo en cuenta los acuerdos o previsiones estatutarias que puedan afectar a la determinación de la titularidad real.

              Cuando no exista una persona o personas físicas que cumplan los criterios establecidos en el párrafo anterior, tendrán la consideración de titulares reales los miembros del Patronato y, en el caso de asociaciones, los miembros del órgano de representación o Junta Directiva.

              EN LAS PARROQUIAS

              1.- OBJETO

              Estos criterios y medidas tienen por finalidad ayudar a las parroquias de la diócesis de Almería a evitar el riesgo para su reputación en el que se pueden ver envueltas en un caso o situación de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo o cualquier otra actividad delictiva. Los Párrocos y laicos miembros de consejos de asuntos económicos deberán consultar este documento cada vez que se tenga alguna duda de cómo actuar cuando se encuentren frente a alguna de las circunstancias que aquí se describen.

              2.- PROCEDIMIENTOS A LLEVAR A CABO

              2.1. INGRESOS

              DONACIONES

              1. En la medida de lo posible no aceptar en las donaciones importes en efectivo que superen los 1.000€.
              2. En ningún caso realizar devoluciones de donaciones que hayan sido recibidas mediante efectivo a través de una transferencia bancaria.
              3. Cuando se reciban donaciones por importes iguales o superiores a los 100€ identificar al donante, registrando su nombre, apellidos y número de identificación fiscal en un documento Excel, Word, Access o cualquier otro que a cada parroquia le resulte más fácil de elaborar. Asimismo, en la medida de lo posible, solicitar la siguiente documentación identificativa:
                • Para las personas físicas de nacionalidad española, DNI (Documento nacional de identidad) o el Pasaporte.
                • Para las personas físicas de nacionalidad extranjera, la Tarjeta de Residencia, la Tarjeta de Identidad de Extranjero, el Pasaporte, o en el caso de ciudadanos de la Unión Europea el documento, carta o tarjeta oficial de identidad personal expedido por las autoridades de origen.
                • En el caso de las personas jurídicas, fotocopia del NIF y en todo caso, si es posible, las escrituras de constitución y escrituras de apoderamiento, o en su defecto el certificado de inscripción en el Registro Mercantil.
              4. Conservar los justificantes de las transferencias bancarias y los cheques bancarios para todas las donaciones recibidas en carpetas separadas por años.
              5. Poner en conocimiento del Obispado con carácter inmediato todas las donaciones recibidas por un importe superior a los 15.000€ facilitando copia del justificante bancario e identidad de la persona que lo ha realizado (Nombre, apellidos y número de identificación fiscal).

                SUSCRIPCIONES

                1. Para aquellas suscripciones que sean iguales o superiores a los 100€ identificar al suscriptor con su nombre, apellidos y número de identificación fiscal, llevando un registro de los mismos en un documento Excel, Word, Access o cualquier otro que a cada parroquia le resulte más fácil de elaborar. Asimismo, en la medida de lo posible, solicitar la siguiente documentación identificativa:
                  • Para las personas físicas de nacionalidad española, DNI (Documento nacional de identidad) o el Pasaporte.
                  • Para las personas físicas de nacionalidad extranjera, la Tarjeta de Residencia, la Tarjeta de Identidad de Extranjero, el Pasaporte, o en el caso de ciudadanos de la Unión Europea el documento, carta o tarjeta oficial de identidad personal expedido por las autoridades de origen.
                  • En el caso de las personas jurídicas, fotocopia del NIF y en todo caso, si es posible, las escrituras de constitución y escrituras de apoderamiento, o en su defecto el certificado de inscripción en el Registro Mercantil.
                2. Conservar el justificante de las transferencias bancarias o los cheques bancarios aportados en las suscripciones que no se realizan a través de recibos domiciliados.
                3. Poner en conocimiento del Obispado aquellas suscripciones que en un año superan los 15.000€, facilitando la identidad del suscriptor (Nombre, apellidos y número de identificación fiscal) y los justificantes de transferencias o cheques bancarios en las suscripciones que no estén domiciliadas.

                  HERENCIAS Y LEGADOS

                  1. Cada vez que se reciba una herencia se debe solicitar el acta notarial de la herencia o entrega del legado y conservar la misma.
                  2. Con carácter previo a recibir la herencia realizar una pequeña investigación a través de los medios a nuestro alcance de la persona fallecida para verificar que no se encuentra en ninguna causa abierta de blanqueo de capitales, corrupción, financiación del terrorismo o cualquier otra actividad delictiva. Asimismo, poner en conocimiento del Obispado la recepción de la herencia y esperar la autorización del Obispado para aceptar la misma.

                    VENTAS DE INMUEBLES

                    1. En ningún caso aceptar pagos en efectivo en las operaciones de compraventa de inmuebles pertenecientes a la parroquia. Solamente aceptar pagos mediante cheque nominativo, transferencia bancaria u otros instrumentos que garanticen la identidad del vendedor.
                    2. Conservar el justificante del medio de pago empleado.
                    3. Para las ventas de inmuebles que superen los 150.000€ solicitar autorización al Consejo de Asuntos Económicos y al Colegio de Consultores.
                    4. Conservar el acta notarial de la compraventa, en el caso de bienes inmuebles y, en todos los casos, el nombre, apellidos y número de identificación fiscal de la contraparte compradora.
                    5. Analizar en la medida de lo posible el origen lícito de los fondos que se van a recibir por la venta del inmueble. Para ello, se debería solicitar la profesión de la persona que va a comprar el inmueble o la actividad de la empresa que va a adquirir el inmueble. Mediante esta forma, lo que se trata es de analizar si el comprador puede haber generado el importe que va a desembolsar en la compra.
                    6. En cualquier caso, y antes de iniciar este acto jurídico, notificar al Sr. Vicario general cualquier venta patrimonial que se pretenda realizar.

                      2.2. GASTOS

                      1. Aceptar únicamente como documentos de pago frente a terceros, aquellos que cumplan fielmente la legislación civil y fiscal (IVA, IRPF, etc.)
                      2. En aquellas parroquias que realicen aportaciones a entidades beneficiarias independientes no pertenecientes a las Entidades Diocesanas con las que el Obispado colabora (Cáritas, Manos Unidas, Obras Misionales Pontificas), deben solicitar la siguiente documentación con carácter previo a la entrega de los fondos:
                        • Documentación registral que acredite la existencia de la entidad beneficiaria.
                        • Nombre y apellidos de los miembros del órgano de control de la entidad beneficiaria.
                        • Identidad del titular real (ver definición en el Anexo) de la entidad beneficiaria.
                        • Plan de actividades que va a llevar a cabo y para la que se están solicitando los fondos.
                        • Pruebas físicas de que se están llevando a cabo las actividades para las que se ha realizado la aportación dineraria, pudiendo ser fotos de la evolución del proyecto, cuentas de los gastos soportados o cualquier otro documento que se crea conveniente.

                        Además de los documentos indicados anteriormente, habrá que realizar una búsqueda en internet de la entidad beneficiaria y de las personas que forman el órgano de gobierno de la misma.

                        En los casos en los que existan dudas sobre la honorabilidad de la entidad beneficiaria, de la persona que ha venido a solicitar los fondos o de las personas que forman el órgano de control de la entidad beneficiaria no se deberá realizar ninguna entrega de dinero.

                        Por último, evitar realizar las transferencias directamente al extranjero al país en el que se va a llevar a cabo el proyecto. Preferiblemente realizar las transferencias a la propia entidad beneficiaria en España. Hay que comunicar al Obispado con carácter previo, los datos recabados de la entidad beneficiaria independiente a la que se le va a hacer la entrega de fondos.

                        1. Solicitar la autorización del Consejo de Asuntos Económicos y del Colegio de Consultores para gastos o inversiones que superen los 150.000€.

                        2.3. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

                        Todos los documentos recabados en los procedimientos llevados a cabo deben ser conservados durante un periodo de diez años.

                        En caso de que haya alguna duda, diríjanse a la Administración diocesana.

                        ANEXO: DEFINICIÓN DE TITULAR REAL

                        1. La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones.
                        2. La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que a través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica.

                        El sujeto obligado deberá documentar las acciones que ha realizado a fin de determinar la persona física que, en último término, posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jurídica y, en su caso, los resultados infructuosos de las mismas.

                        Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jurídica, se considerará que ejerce dicho control el administrador o administradores. Cuando el administrador designado fuera una persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por la persona física nombrada por el administrador persona jurídica.

                        Las presunciones a las que se refiere el párrafo anterior se aplicarán salvo prueba en contrario.

                        1. La persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25 por ciento o más de los bienes de un instrumento o persona jurídicos que administre o distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la persona o instrumento jurídicos. Cuando no exista una persona física que posea o controle directa o indirectamente el 25 por ciento o más de los bienes mencionados en el apartado anterior, tendrán consideración de titular real la persona o personas físicas en última instancia responsables de la dirección y gestión del instrumento o persona jurídicos, incluso a través de una cadena de control o propiedad.
                        2. Tendrán la consideración de titulares reales las personas naturales que posean o controlen un 25 por ciento o más de los derechos de voto del Patronato, en el caso de una fundación, o del órgano de representación, en el de una asociación, teniendo en cuenta los acuerdos o previsiones estatutarias que puedan afectar a la determinación de la titularidad real.

                          Cuando no exista una persona o personas físicas que cumplan los criterios establecidos en el párrafo anterior, tendrán la consideración de titulares reales los miembros del Patronato y, en el caso de asociaciones, los miembros del órgano de representación o Junta Directiva.

                          MANUAL DE INVERSIONES FINANCIERAS EN LA DIÓCESIS DE ALMERÍA

                          MANUAL

                          El presente documento ha sido aprobado como normativa para ofrecer criterios de actuación en todo lo referente a una adecuada inversión de los recursos financieros de todas aquellas personas jurídicas e instituciones que están bajo la jurisdicción del obispo diocesano. Todo ello, dentro del marco de su actuación propia y de acuerdo con lo previsto en la normativa canónica y las disposiciones civiles vigentes y, en especial, a toda la normativa europea MIFID[1]  o cualquier otra que pudiese establecerse.

                          A partir de lo establecido en el canon 1276 § 2 CIC, los criterios que se empleen en la gestión de las inversiones financieras que realicen las instituciones diocesanas, han de ser acordes a la moral de la Iglesia y a la profesionalidad que exige el buen uso de los recursos de la diócesis para cumplir con sus fines evangelizadores y de servicio a la sociedad de la que forma parte.

                          Artículo 1. Ámbito de aplicación.

                          Las presentes normas de conducta se aplicarán en la Diócesis de Almería en todas las instituciones que se encuentran bajo la autoridad del Obispo diocesano y, según el canon 1276 § 1 CIC, las personas jurídicas públicas cuya vigilancia en la administración de sus bienes es confiada al Ordinario.

                          Artículo 2. Objeto.

                          Las normas establecidas en este manual tienen la finalidad de servir de criterio único para todas las actividades económicas de las instituciones diocesanas en relación con la adquisición, gestión, administración y enajenación de recursos financieros de toda naturaleza.

                          Artículo 3. Criterios generales.

                          1. El Obispado, las instituciones diocesanas, personas jurídicas y cuantas otras instancias estén bajo la autoridad del Obispo Diocesano, han de invertir de manera prudente y adecuada su patrimonio, rentabilizándolo según posibilidades y siempre con instrumentos lícitos y acordes con la moral y la doctrina social de la Iglesia.
                          2. Para la selección de inversiones financieras se tendrán en cuenta como principios básicos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas posiciones de inversión, teniendo en cuenta el tipo de recursos que se estén gestionando. Se excluye la asunción de riesgos que no sean razonables y prudentes.
                          3. Se tendrá en cuenta una adecuada diversificación de los recursos, procurando evitar la concentración de los mismos tanto en las mismas entidades financieras, instituciones emisoras o productos concretos, como en los mismos ámbitos geográficos, sobre todo cuando cualesquiera de estos contengan riesgos inherentes.
                          4. Las entidades diocesanas deberán aprobar criterios generales de inversión y diversificación adaptados a cada momento y a la naturaleza propia de la procedencia, finalidad y destino de los recursos. Dichos criterios, que deberán ser aprobados por el Consejo de Asuntos Económicos u organismo análogo, deberán ser ratificados o revisados con cierta periodicidad.

                          Artículo 4. Comité de inversiones.

                          1. El comité deberá estar integrado por un mínimo de tres personas, con experiencia en materia financiera, y que gocen de total independencia en la selección de inversiones, no pudiendo participar como parte interesada en la contratación de ninguna inversión.
                          2. Siempre que sea posible, deberá constituirse un comité de inversiones que estudie, evalúe y proponga distintas alternativas de inversión a los órganos competentes de la entidad, de acuerdo con las presentes normas y los criterios aprobados por la entidad.
                          3. Las personas nombradas a tal efecto podrán formar parte o no del Consejo de Asuntos Económicos de la entidad y sus dictámenes no será vinculantes, pero deberán conocerse por las personas u organismos encargados de la gestión financiera.
                          4. El Código de Derecho Canónico y las presentes normas serán el marco interpretativo para la toma de decisiones en el marco de la gestión de los recursos. Para cualquier acción que se pudiera plantear al margen de lo estipulado, se ha de contar con la preceptiva licencia del Ordinario.
                          5. En el caso de duda o de conflicto en la interpretación de las presentes normas, se ha de someter al criterio del Ordinario, quien resolverá lo que proceda oyendo al Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.

                          Artículo 5. Inversiones de fondos permanentes.

                          1. Los fondos permanentes que formen el patrimonio estable de una entidad o que pertenezcan al capital de fundaciones pías autónomas o no autónomas deberán estar invertidos en instrumentos que garanticen de manera razonable el adecuado flujo de rendimientos para atender a las necesidades (rentabilidad) y el mantenimiento o garantía a medio plazo de los capitales invertidos (seguridad), ofreciendo la adecuada liquidez en función de la procedencia de los fondos.
                          2. Se establecerán criterios de máxima prudencia en el marco de lo previsto en artículo anterior. Entre las inversiones recomendadas estarían:
                          3. Deuda pública, bonos y obligaciones del Estado Español.
                          4. Deuda pública de otros países de la zona euro o con riesgo equivalente o menor a España.
                          5. Depósitos e IPFs en bancos de probada solvencia y reputación.
                          6. Renta fija, deuda subordinada y pagarés de empresas de reconocida solvencia, fiables y con sólido negocio operativo.
                          7. Productos de renta fija emitidos por entidades financieras de máxima seguridad.
                          8. Fondos de inversión de renta fija. Cuando se acuda a estos productos, deberán analizarse exhaustivamente, evaluando riesgos y estableciendo límites máximos de inversión.
                          9. Acciones con cotización oficial de empresas de máxima solvencia, rentabilidad continúa atestiguada en el pago de dividendos recurrentes y de intachable reputación.
                          10. Fondos estructurados con capital garantizado no inferior al 80%. Para su contratación es conveniente contar con asesoramiento profesional por el abanico tan amplio de posibilidades existentes Jamás debe contratarse productos cuya complejidad no permita una comprensión total del producto y sus condiciones. Solo se aconseja la inversión en estos productos cuando las condiciones temporales y de todo tipo para el acceso al capital garantizado sean plenamente asumibles por la entidad.
                          11. Fondos de inversión en renta variable. Para su contratación es conveniente contar con asesoramiento profesional adecuado, verificando todos los criterios expuestos anteriormente.
                          12. Para el conjunto de inversiones en renta variable se establecerá un límite máximo por el Consejo de Asuntos Económicos, que podrá revisarse periódicamente. Se recomienda no superar el 25% del patrimonio líquido de la entidad, salvo causas muy justificadas.

                          Artículo 6. Inversiones de fondos temporales.

                          1. Para la selección de las inversiones financieras temporales se valorará en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades de inversión, vigilando siempre que se produzca el necesario equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
                          2. Las entidades diversificarán los riesgos correspondientes a sus inversiones. Además, y al objeto de preservar la liquidez deberán realizar las mismas en entidades bancarias y en instrumentos financieros negociados en mercados oficiales.
                          3. Entre las inversiones recomendadas estarían:
                          4. Depósitos e IPFs en bancos de probada solvencia y reputación.
                          5. Letras del Tesoro.
                          6. Fondos de inversión monetarios.
                          7. Deuda emitida por empresas de máxima reputación y cuyo plazo de vencimiento o liquidez se encuentre en el marco temporal previsto para la disposición de los activos.

                          Artículo 7. Operaciones excluidas.

                          1. Las entidades religiosas deberán evitar la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo de los recursos financieros, por lo que deberán ser objeto de especial explicación:
                          2. Ventas de valores tomados en préstamo (“ventas en corto”).
                          3. Operaciones intradía.
                          4. Operaciones en los mercados de futuros y opciones, salvo con la finalidad de cobertura.
                          5. Divisas a cambio pactado o a plazo.
                          6. Inversiones en sociedad de inversión colectiva (SICAV).
                          7. Cualesquiera otras operaciones de naturaleza análoga.
                          8. Operaciones en mercados financieros alternativos, carentes de la adecuada liquidez.
                          9. No se contratarán en ningún caso aquellas operaciones que por sus características técnicas sean de difícil entendimiento por la mayoría de los miembros del Consejo de Asuntos Económicos.
                          10. Se evitarán todas aquellas operaciones que tengan carácter meramente especulativo, entre ellas, las compras y ventas en el mercado de valores a corto plazo con esta finalidad.
                          11. Las entidades diocesanas deberán invertir sus recursos de manera preferente en el territorio nacional y en ningún caso invertirán ni indirectamente en productos ubicados en los denominados paraísos fiscales.
                          12. Las entidades y personas jurídicas diocesanas se abstendrán de realizar operaciones de captación de fondos, ya sea de personas físicas o jurídicas, para su posterior inversión. Únicamente se gestionarán aquellos fondos propios o de entidades que de ella dependan. En ningún caso se invertirán fondos de personas físicas.

                          Artículo 8. Inversiones procedentes de herencias o donaciones.

                          Cuando por la recepción de una herencia o donación la entidad reciba productos financieros, deberá analizar si los mismos se adecúan a los criterios previstos en las presentes normas. En caso contrario, establecerá un corto plazo de tiempo para adaptar las mismas a los criterios, preservando en lo posible la rentabilidad de los mismos.

                          Artículo 9. Presentación de cuentas.

                          Las instituciones bajo la autoridad del Obispo y que administren activos financieros, ya sean parte de su patrimonio estable o no estable, deberán aportar, junto con la presentación de sus cuentas anuales ante la Oficina diocesana de rendición de cuentas, un desglose con la composición y valoración de todos los activos financieros a la fecha final del ejercicio económico.

                           —————————————–

                          [1] Las normas MIFID, de sus siglas en inglés, Markets in Financial Instruments Directive, son una serie de recomendaciones de obligado cumplimiento impuestas por la UE mediante la transposición de una directiva europea relativa a la transparencia e información que deben regir los mercados financieros.

                          OFICINA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

                          DECRETO

                          Decreto 53/2023 (21 de diciembre) por el que se aprueban las Normas generales y criterios sobre rendición de cuentas, se crea la Oficina de rendición de cuentas de la diócesis de Almería y se designa su directora

                           

                          La Iglesia ha hecho suya la transparencia, exigida también a nivel civil desde hace años, pues «la cultura del rendir de cuentas es parte integrante de una Iglesia sinodal que promueve la corresponsabilidad, además de un posible baluarte contra los abusos» (Una Iglesia sinodal en misión, Informe de síntesis tras la primera sesión de la XVI Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos 2023-2024, nº 12 j).

                          Por ello, una vez aprobadas las normas generales y criterios en materia económica mediante Decreto 50/2023, para favorecer su aplicación, siempre buscando el bien de los fieles en el mayor servicio a las comunidades de la Iglesia que peregrina en Almería, oído el parecer del Consejo diocesano de asuntos económicos en su sesión del 19 de diciembre del corriente, por el presente CREAMOS LA OFICINA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA DIÓCESIS DE ALMERÍA, como Oficina dependiente de la Administración diocesana, que tendrá los siguientes cometidos:

                          1. Impulsar medidas de trasparencia y buen gobierno económico en la diócesis y en las parroquias y en todas las entidades diocesanas.
                          2. Asesorar a las instituciones diocesanas en materia de trasparencia, acompañando a las mismas en los procesos de adaptación de los sistemas contables y en los procesos de revisión de los sistemas.
                          3. Recopilar información de las distintas instituciones de la Iglesia Diocesana de cara a la elaboración de la memoria de actividades.
                          4. Realizar las labores de vigilancia económico-patrimonial, control y recepción de la rendición de cuentas de las asociaciones, fundaciones y entidades religiosas de ámbito diocesano conforme a la legislación canónica y a las normas de rendición de cuentas aprobadas.
                          5. Dar a conocer a la sociedad el contenido de los estudios realizados.

                            Dicha Oficina comenzará su actividad el uno de enero de 2024, recibiendo la rendición de cuentas del año 2023 presentadas por el Obispado, las parroquias, asociaciones de fieles, fundaciones y todas las entidades y organismos diocesanos.

                            Para realizar este importante servicio, nombramos también, por el presente, como Directora de esta Oficina a doña Inmaculada Ortega Pérez, laica, por el tiempo de mi voluntad.

                            Notifíquese este Decreto a todos los diocesanos y publíquese en el Boletín Oficial del Obispado de Almería.

                            Dado en Almería, a veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés.

                            + Antonio Gómez Cantero
                            Obispo de Almería 

                            Por su mandato,
                            José Juan Alarcón Ruiz
                            Canciller Secretario General

                            NORMAS GENERALES Y CRITERIOS SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS

                            Oficina Diocesana para la Rendición de Cuentas
                            DIÓCESIS DE ALMERÍA

                            La Iglesia «existe para evangelizar […] lo que constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda» (EN 14), la actividad misionera es «la tarea primordial de la Iglesia» (RM 34), porque ha recibido de Jesús la misión de anunciar el evangelio hasta los confines de la tierra y hasta el final de los tiempos. Para cumplir mejor su finalidad, cada Iglesia particular también está llamada a la conversión misionera, como sujeto primario de la evangelización (cf. EG 30) y por eso, para alcanzar sus propios fines y llevar a cabo esta misión, la Iglesia tiene el derecho de contar con todos los medios necesarios a su alcance (cf. DH 4), entre los que se incluyen los bienes temporales, que han de ser utilizados para anunciar el Evangelio a través de obras de piedad, apostolado o caridad, tanto espiritual como temporal (cf. c. 1254).

                            Por eso, el cumplimiento de los señalado por el Libro V del Código de Derecho Canónico, unido a la nueva regulación civil en materia fiscal contable y de transparencia, hacen necesario la implantación del sistema que rendición de cuentas para las corporaciones y fundaciones de la Iglesia Católica en España. Dichas instituciones, en el plano económico y fiscal, fueron incluidas en el artículo quinto del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 3 de enero de 1979, mención que ha permitido a las mismas participar al menos de los mismos beneficios que la legislación civil concede a las entidades no lucrativas y en todo caso para las entidades benéficas privadas. Desde la fecha de la firma del acuerdo, se han producido importantes modificaciones en el régimen económico y fiscal del sector no lucrativo en nuestro país. En el ámbito civil, las entidades que pueden acceder a este régimen están sometidas a sistemas de control, rendición de cuentas e incluso, a un protectorado que vela por la aplicación adecuada de los recursos a los fines de cada entidad, así como del destino de los beneficios fiscales concedidos.

                            Por eso es necesario, en el ámbito de las entidades religiosas, establecer un mecanismo de tutela rendición de cuentas que siendo conforme con la legislación canónica, ofreciera un nivel de garantía y transparencia equivalente al del resto de entidades en el ámbito civil. El ámbito de aplicación de las presentes normas viene marcado por el nivel competencial de la Diócesis, en relación a las entidades que deban rendir cuentas al Obispo Diocesano, que es responsable de «vigilar diligentemente la administración de todos los bienes pertenecientes a las personas jurídicas públicas» (c. 1276 §1) de la diócesis de Almería, así como de «organizar todo lo referente a la administración de los bienes eclesiásticos dando instrucciones particulares dentro de los límites del derecho universal y particular» (c. 1276 §2).

                            Artículo 1. La Diócesis de Almería, las parroquias y las personas jurídicas públicas diocesanas acomodarán su sistema de contabilidad, a partir del 1 de enero de 2024, a las normas contenidas en el plan contable de entidades sin ánimo de lucro, aprobado por la Conferencia episcopal española, con las especificaciones propias que se reseñen en este articulado. El Obispo diocesano, en sus competencias propias, podrá emitir normas contables para el desarrollo y adaptación de este plan a su realidad.

                            Artículo 2. Cualquier proceso externo de revisión de las cuentas de las entidades e instituciones diocesanas se hará según la normativa que establece este documento y los posteriores desarrollos que pudieran darse.

                            Artículo 3. Las parroquias, con carácter general, enmarcarán el formato de su administración económica según establece el Decreto 35/2023 de 15 de septiembre, por el que se implanta el programa informático de Gestión integral de la información parroquial (GiiP).

                            Artículo 4. El resto de instituciones diocesanas señaladas en el artículo 7.2 de esta misma normativa deberán adoptar, en cuanto a sistema de trabajo para el seguimiento de la administración interna y para la presentación de cuentas, en un plazo no mayor a un año, a partir de la fecha de publicación de este documento, el mismo programa de Gestión integral de la información parroquial (GiiP).

                            Artículo 5. Ámbito de actuación.

                            1. Las entidades religiosas de ámbito diocesano que hayan sido erigidas o aprobadas por el Obispo y que conforme al derecho canónico o a sus propios Estatutos estén sujetas a los mecanismos de vigilancia económico-patrimonial, control de cuentas y supervisión se ajustarán a lo regulado en las presentes normas.
                            2. A la Oficina para la Rendición de cuentas corresponde:
                              • Recibir las cuentas de las entidades sujetas a la obligación de rendición, y realizar las actuaciones conformes al concepto rendición de cuentas que se     explicita en la presente normativa.
                              • Realizar las tareas de supervisión y vigilancia de la actividad económico- patrimonial que desarrollan estas entidades en función de la normativa vigente y    de lo establecido en sus estatutos.
                              • Emitir certificado o documento acreditativo de rendición de cuentas a favor de la entidad que ha realizado dicha rendición.
                              • Conocer y aprobar, en los casos que corresponda, el plan de actuación de la entidad, conforme a las directrices de la Conferencia Episcopal Española.

                              Artículo 6. Concepto de rendición de cuentas. El proceso de rendición de cuentas de las entidades obligadas se realizará de la siguiente forma:

                              1. Una vez formuladas, las cuentas anuales deberán ser aprobadas conforme a lo establecido en las normas propias de cada entidad.
                              2. Las cuentas anuales deberán ser presentadas ante la Oficina diocesana para la Rendición de Cuentas por quien tiene la legitimidad representativa y administra los bienes eclesiásticos correspondientes (cf. cc. 1279 y 1284).
                              3. La presentación de cuentas anuales deberá realizarse (c. 1287 §1) mediante el programa de gestión parroquial integral señalado para las parroquias y entidades diocesanas (GiiP), o en los modelos aprobados al efecto que se facilitarán por     parte de la Oficina para el resto de entidades religiosas.
                              4. La Oficina para la Rendición de Cuentas podrá reclamar cuanta información adicional sea necesaria para poder obtener los datos suficientes para un conocimiento adecuado de la situación económico financiera de la entidad.
                              5. La rendición de cuentas no supondrá, en ningún caso, la aprobación de dichas cuentas ni la realización de una auditoría de las mismas. Tampoco se trata de un mero depósito de cuentas. Rendir cuentas supone ofrecer a la autoridad eclesiástica una información suficiente de su situación, sin que ello suponga responsabilidad directa sobre la actuación de la entidad, pero sí un conocimiento general de la actuación realizada.
                              6. Una vez recibida y analizada toda la información pertinente, la Oficina emitirá certificado en el que conste dicha rendición, procediendo al registro y archivo de la documentación.
                              7. La Oficina, si lo estima oportuno, podrá emitir un informe de recomendaciones en relación con las cuentas presentadas junto con la certificación.
                              8. Cuando de la rendición de cuentas realizada se desprenda una situación grave desde el punto de vista económico o una actuación que pudiera ser contraria a alguna norma legal (civil o canónica), la Oficina comunicará, en primera instancia, dicha circunstancia a la entidad con el objetivo de que sea subsanada. En caso contrario, la emitirá su certificación de cuentas expresando esta situación, remitiendo también copia del mismo al Canciller-Secretario General para que curse los efectos oportunos.
                              9. Cuando en la rendición de cuentas en los términos previstos se ponga de manifiesto una presunta situación grave que contravenga la normativa civil, la oficina comunicará dicha situación a la entidad, para su verificación y, en su caso posible subsanación. Caso de que la entidad no resolviera la situación, se comunicará dicha contingencia a la autoridad civil, sin menoscabo de las actuaciones que deriven de la normativa canónica.

                              Artículo 7. De las cuentas del Obispado. 1. La Administración Diocesana debe elaborar el informe del estado de cuentas propio y además también las cuentas consolidadas de los distintos departamentos, instituciones y centros dependientes del Obispado de Almería y de la Diócesis en el marco temporal máximo de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio económico.

                              2. En concreto, las entidades de las que tiene que rendir cuentas son:

                              1. La Curia Diocesana y todos sus departamentos, Delegaciones y Secretariados.
                              2. El Seminario Diocesano “San Indalecio”.
                              3. La Casa Sacerdotal “San Juan de Ávila”.
                              4. La Casa diocesana de Espiritualidad “Reina y Señora” de Aguadulce.
                              5. La Casa de espiritualidad “Nuestra Señora de Buenavista” de Los Partidores.
                              6. El Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Almería.
                              7. Cualesquiera otras entidades o actividades sin personalidad jurídica independiente. Las cuentas consolidadas de la Diócesis incluirán una relación de todas las entidades que hayan sido objeto de consolidación y, en su caso, las entidades no consolidadas y las razones que lo han motivado.

                              Artículo 8. De las parroquias y demás entidades diocesanas. Las parroquias y las demás instituciones diocesanas que forman parte de la estructura de la Curia Diocesana deberán presentar sus cuentas en el primer mes del año, remitidas a la Administración Diocesana. De igual modo serán presentadas por el Cabildo Catedral de La Encarnación de Almería.

                              Artículo 9. Asociaciones públicas de fieles. 1. Las asociaciones públicas de fieles tendrán las siguientes obligaciones, a tenor del c. 319:

                              1. Rendir cuentas a la Oficina, como representante de la autoridad eclesiástica competente, en los plazos y formatos previamente establecidos. La rendición de cuentas se realizará, mediante la entrega de las cuentas anuales en el plazo de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio económico, según los modelos establecidos.
                              2. Especificar y desarrollar toda información que le sea solicitada en relación con las cuentas, preferiblemente por escrito.
                              3. Dado que la administración de los bienes se realiza bajo la superior dirección de la autoridad eclesiástica, las asociaciones públicas de fieles deberán presentar, junto con las cuentas del ejercicio anterior, un plan de actuación, según el formato aprobado al efecto, que incluirá el conjunto de actividades previstas a realizar, así como el presupuesto de ingresos y gastos previstos para llevarlo a cabo.
                              4. La Oficina, en relación con el plan de actuación, se limitará a verificar que las actividades a realizar coinciden con las previstas en los estatutos y que el presupuesto financiero es consistente con dicho plan y garantiza la viabilidad de la entidad.
                              5. En el caso de encontrar alguna anomalía, la Oficina se pondrá en contacto con la asociación para solicitar aclaraciones o indicar recomendaciones. Si se detectaran anomalías graves, la Administración Diocesana lo comunicará a la autoridad competente para que actúe conforme a derecho.
                              6. En relación con cualquier operación de administración extraordinaria y que, en todo caso, necesite la oportuna licencia del Ordinario, las asociaciones deberán comunicar a la Oficina, con anterioridad a su ejecución, el acuerdo de realización de las mismas. La Oficina elevará a la autoridad competente para que se curse la debida autorización.

                              2. La actuación de la Oficina, para el caso de las personas públicas, se asimila al Protectorado para las fundaciones civiles, de acuerdo con la normativa vigente.

                              3. La Oficina podrá certificar, a requerimiento de la autoridad civil o por iniciativa propia, el hecho de que una asociación pública de fieles no le rinde cuentas.

                              Artículo 10. Fundaciones. Las Fundaciones pías autónomas erigidas por el Obispo diocesano tendrán la obligación de rendir cuentas, previa su aprobación por el Patronato con arreglo a sus estatutos (cf. cc. 1276 § 1 y 1284 § 2, 8º).

                              Artículo 11. Asociaciones privadas. 1. Las asociaciones privadas de fieles, en virtud del c. 305, están bajo la vigilancia de la autoridad eclesiástica competente, también desde el punto de vista económico-patrimonial.

                              1. Las personas jurídicas privadas deberán rendir cuentas a la Oficina de Rendición de Cuentas si así está establecido en sus estatutos, siendo sus obligaciones las que estén marcadas en los mismos.
                              2. En el caso de que dichas asociaciones se acojan a los beneficios fiscales establecidos del régimen fiscal especial de entidades no lucrativas, las entidades    deberán rendir cuentas en los términos establecidos para las personas públicas.
                              3. Se recomienda a todas las entidades privadas la rendición de cuentas. Para las entidades privadas que no tuvieran obligación, la Administración Diocesana podrá solicitar información sobre la actividad realizada, siempre en el marco de la labor    de vigilancia prevista en el canon 305.
                              4. La Oficina podrá certificar, a requerimiento de la autoridad civil o por iniciativa propia, el hecho de que una entidad privada no le rinde cuentas.

                              Artículo 12. Fundaciones no autónomas y otros. Las fundaciones pías no autónomas y cualquier otra entidad que no goce de personalidad jurídica civil dependen directamente de la entidad eclesiástica bajo la que operan y por tanto, no tienen obligación de rendir cuentas ante la Oficina; aunque las cuentas han de incluirse y ser especificadas en las de la entidad diocesana de la que dependan.

                              Artículo 13. Asesoramiento y colaboración de la Oficina. La oficina establecerá mecanismos de asesoramiento y colaboración con todas las entidades para facilitar el cumplimiento de lo previsto en la presente Normativa.

                              Dado en Almería, a veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés.

                              + Antonio Gómez Cantero
                              Obispo de Almería

                              Por su mandato,
                              José Juan Alarcón Ruiz
                              Canciller Secretario General